23 de abril de 2024

Godoy dispuesta a asumir costo político por su conducta en FGJCDMX

Por Leonardo Juárez R.

La fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos advirtió a la oposición en la Ciudad de México «quienes han manifestado públicamente, que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificame, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la Ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto».
Advirtió en especial al panismo que»a quien se crea intocable en razón de su poder político, mediático o económico, le reiteramos que esta fiscalía tiene como función investigar hechos que puedan configurar delitos previstos en las leyes y lo hacemos sin consideraciones políticas, sin tamizajes, sin filtros y, por supuesto, sin hacer caso de amenazas».
Mencionó «a esta Fiscalía le toca garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad, que genera un gran daño a la comunidad; nos toca cumplir con la ley y combatir la corrupción, aunque ello signifique tocar a quienes se piensan intocables».
En mensaje de medios la exdiputada local por Morena enfatizó «en casi cinco años que llevo como titular de la institución, cuatro como fiscal y uno como procuradora, fiscales, ministerios públicos, peritos y policías de Investigación nos hemos fijado como objetivo poner al centro a las víctimas y en desarrollar investigaciones científicas, robustas, profesionales, pero sobre todo que estén apegadas a la ley».
Resaltó «a esta Fiscalía le corresponde recibir denuncias, investigarlas y presentar ante los jueces los resultados de sus investigaciones; justamente así, es que iniciamos una investigación muy amplia sobre una red de corrupción y de sobornos en la alcaldía Benito Juárez, la cual fue puesta en marcha por diversas servidoras y servidores públicos que ocuparon altos cargos en esta demarcación, quienes ofrecieron permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente diversas propiedades».
Recordó que en agosto de 2021, la explosión de una lavadora mal instalada en un departamento de un edificio ubicado en la alcaldía Coyoacán, dejó al descubierto esta inefable red de corrupción. Con base en los registros de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos de la Ciudad de México, pudimos corroborar que diversos inmuebles de reciente construcción en la alcaldía Benito Juárez presentan distintos tipos de anomalías e irregularidades, tanto en su construcción como en los permisos para su habitabilidad.
Indicó, todos ellos tenían un denominador común: la omisión de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sobreexplotando las capacidades de las dimensiones de cientos de inmuebles que podían soportar.
Mencionó, «la evidencia demostró que al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor mediante la cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares».
Refirió hasta el momento, hemos llevado a proceso a un ex alcalde, tres ex directores generales, dos ex directores, un ex subdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y a una gestora; otros cinco ex servidores públicos con niveles altos y mandos medios también son investigados, así como otros dos contratistas.
Señaló, una vez que se dio a conocer esta red de complicidades y de corrupción, varias de las personas imputadas buscaron impedir a toda costa que dejáramos de hacer pública su inmoralidad y fue entonces que esta Fiscalía General de Justicia fue objeto de una especie de ley mordaza, de amparos mordaza, que nos impidieron legalmente hablar de algunos de estos personajes por orden expresa de una autoridad judicial federal.
Detalló, como parte de esta investigación, que un grupo de destacados políticos quieren ocultar, hemos asegurado al menos 60 inmuebles, repito, hemos asegurado 60 inmuebles, entre ellos éste, en el que nos encontramos en este momento, este edificio forma parte de la reparación del daño que Nicias “N” y Luis “N”, ex servidores públicos en Benito Juárez, propusieron entregar a las autoridades, tras ser sentenciados condenatoriamente, luego de que ambos aceptaron abiertamente su responsabilidad penal en el delito de enriquecimiento ilícito.
Dijo, los ministerios públicos, policías de Investigación y peritos, como resultado de exhaustivos trabajos de gabinete y campo, diligencias y dictámenes periciales, pudieron comprobar que los ingresos anuales declarados por ambos personajes no coincidía con sus estados de cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con las declaraciones presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria, por esta razón, a Luis “N” se le impuso el aseguramiento de seis inmuebles, mientras que a Nicias “N”, el decomiso de cinco propiedades.
Aseveró, «la corrupción tiene una dimensión material concreta, es tangible, nuestra investigación no es una persecución política o fabricación de culpables, tampoco es un espejismo; este inmueble es una pequeña muestra de la dimensión de la opción delictiva que se planeó y ejecutó por diversos exfuncionarios y funcionarios de esta demarcación territorial».
Refirió, «hemos puesto al descubierto es una amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la alcaldía de Benito Juárez desde el año de 2015. Se trata de un patrón de abuso de poder, un uso indebido de atribuciones y facultades, que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones».
Destacó, «este día es histórico para la Ciudad de México, hoy entregamos a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario este edificio en beneficio del pueblo, pueblo al que estos seudo servidores y servidoras públicas le mienten y le roban, razones por las que buscan, a como dé lugar, que yo no continúe investigando sus inmoralidades».
Recalcó, «combatir la corrupción significa también integrar al patrimonio de la Ciudad inmuebles como éste, combatir la corrupción le hace bien a la ciudad y a los ciudadanos. Sabemos que esta acción del Ministerio Público ha molestado al partido de Acción Nacional, a sus dirigentes y a sus legisladores».
«Sabemos que estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad, solo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político; sabemos que particularmente esta investigación ha provocado que el partido Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la fiscalía y han pretendido politizar la justicia», destacó.
Añadió, «somos muy incómodos con quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas, a ellos les resulta incomprensible y muy incómoda la acción de la Fiscalía».

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