14 de abril de 2024

Echa abajo Corte artículo de código penal de Guerrero por violar principios

Leonardo Juárez R.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras analizar las impugnaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH), invalidó el artículo 204 Bis I del código penal para Guerrero, adicionado mediante decreto publicado el 3 de septiembre de 2021 relativo a los casos de discriminación o agresión física o verbal cometida en instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, por parte de una alumna o alumno hacia sus demás compañeros o compañeras.

El Alto Tribunal mencionó que como consecuencia de esas conductas, se preveía que los padres y las madres del agresor o la agresora tendrían la obligación de llevar a su hija o hijo a terapia psicológica, además, les sería impuesta una multa.

La SCJN determinó que el precepto violaba el principio de culpabilidad, conforme al cual, sólo es posible sancionar al autor de la conducta realizada de manera dolosa o culposa, como hecho propio. Asimismo, resolvió también que el carácter penal de la norma no resultaba necesario para desincentivar el acoso escolar, por lo tanto, se violentó el principio de mínima intervención o ultima ratio –conforme al cual, el derecho penal debe ser el último recurso al que acuda el Estado, ante la ineficacia de otras medidas–.

Además, consideró que el artículo resultaba contrario al interés superior de la infancia, pues no se establecieron medidas que otorgaran una protección efectiva a las personas menores de edad involucradas. Por tratarse de una disposición en materia penal, el Pleno estableció que los efectos de la invalidez serán retroactivos al 4 de septiembre de 2021, fecha en la cual entró en vigor la norma impugnada.

En otro caso, el Alto Tribunal como resultado del análisis de las impugnaciones de la CNDH invalidó los artículos 222-a y 222-b del código penal de Guanajuato, reformados o adicionados mediante el decreto publicado el 2 de agosto de 2019. En el primero de dichos preceptos se preveía sancionar al servidor público que proporcionara información que conociera con motivo de sus funciones, para que se cometiera cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas.

Por lo que se refiere al segundo, se sancionaba a quien realizara cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones encargadas de las funciones señaladas, para que se cometiera cualquier hecho delictuoso.

La SCJN determinó que los artículos invalidados violaban el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia penal, pues las descripciones de dichas conductas resultaban amplias e imprecisas. También consideró que esa amplitud afectaba los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, pues podría considerarse como delito cualquier actividad encaminada a obtener datos sobre las actividades referidas.

Por tratarse de disposiciones en materia penal, el Pleno estableció que los efectos de la invalidez serán retroactivos al 3 de agosto de 2019, fecha en la cual entró en vigor la norma impugnada

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