14 de abril de 2024

Buscan sanción penal y administrativa a los servidores públicos por omisión

Reportero Leonardo Camacho

*Víctor Hugo Lobo, diputado del PRD, presentó una iniciativa
*Debe reformarse la Ley de Responsabilidades Administrativas
*Capitalinos están indefensos por accidentes en la vía pública

Debido a que no hay castigo a servidores públicos, que por omisión ocasionan la muerte, lesiones o contra el patrimonio de los capitalinos, como el fallecimiento de dos jovencitas al caer en una coladera en la Alcaldía Iztacalco, es necesario reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en materia de faltas graves.

Por ello, en la primera sesión del segundo periodo ordinario del Segundo Año Legislativo del Congreso capitalino, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, presentó este jueves una iniciativa para reformar los artículos 3, fracción XVI, 10 y 14, así como adicionar una fracción al artículo 7 y el artículo 63 ter, de la citada Ley.

Con esto, el legislador busca que los servidores públicos o particulares, en ejercicio de sus funciones, sean sancionados administrativa y penalmente, ya sea por acción u omisión de las facultades que desempeñen, cuando ocasione la muerte o genere lesiones a particulares, causen daños o perjuicios al patrimonio del Gobierno de la Ciudad o de un particular.

Explicó el representante popular en el documento, que en caso de la muerte de las dos jovencitas, debió haberse considerado como falta grave y sancionada, no solo por la Secretaría de la Contraloría General, sino que, además, debió abrirse una carpeta de investigación, por la omisión y, por consiguiente, la debida consignación a la instancias judicial correspondiente de el o los responsables.

Incluso, denunció el perredista, la falta de una regulación legal, impidió que por lo menos se hablara de una reparación del daño para los afectados, por esta clara omisión en el diligente actuar del servicio público.

Lobo Román detalló que durante sus funciones los servidores públicos, sin importar el nivel en la estructura, pueden cometer, a través de acciones u omisiones, afectaciones a la integridad, la vida, salud, patrimonio o los derechos de los ciudadanos y que, por su naturaleza, deben ser considerados como una falta administrativa grave, no solo sancionable administrativa y penalmente.

Sin embargo, lamentó que estos derechos ciudadanos, no están debidamente tutelados por la citada Ley, con lo que deja en absoluto estado de indefensión a los capitalinos.

Otro ejemplo de estas omisiones, dijo Lobo Román, es el daño patrimonial a los conductores de vehículos que caen en baches, zanjas o coladeras sin tapa, que ocurren por un actuar omiso de los responsables, además del daño patrimonial a los particulares, un detrimento al erario público por el pago o compensación reparatoria que debe erogar el Gobierno de la Ciudad a los afectados.

La pérdida de la salud o la afectación en la integridad física de las personas por el actuar o una omisión de los servidores públicos, de igual manera debe ser considerado como una falta administrativa grave y sancionable por las vías administrativa y penal.

Asimismo, dijo, el ataque a los derechos humanos, al amparo de la administración pública, debe ser considerado como falta grave, lo mismo que la afectación al medio ambiente, como ocurre con la tala de árboles.

Ante ello, insistió Lobo Román, queda clara la obligación de la autoridad para iniciar los procedimientos determinados, para sancionar a los servidores públicos que, por acción u omisión, dolo, negligencia o mala fe, resulte atribuible la responsabilidad.

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